Directivos del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Círculo de Reporteros Gráficos, capítulos Aragua, exigieron ante la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales con competencia en Derechos fundamentales del Circuito Judicial de esta entidad, que se asuman con prontitud las acciones necesarias y se emprendan todas las diligencias pertinentes, para de alguna manera resarcir el daño moral causado a los colegas y a los gremios de la comunicación social en la región y se apliquen las sanciones correspondientes.
Ambos
entes gremiales, presentaron ante esta instancia un documento en el cual solicitan
celeridad en las investigaciones por las denuncias que ante ese despacho
formularon la periodista Beatriz Lara Mendoza y el reportero gráfico Alfredo Paradas,
miembros activos de ambos gremios, quienes el viernes 19 de junio del año en
curso, a propósito de las humillaciones, vejaciones y maltratos físicos y
verbales de los cuales fueron víctimas en la sede de la Subdelegación del Cicpc
de Villa de Cura, Municipio Zamora del Estado Aragua, por parte de funcionarios
adscritos a esa institución.
El documento consignado por el CNP y el CRGV fue recibido
por Andro Mitchell, encargado de Asuntos Legales, quien a su vez lo hará llegar
al Fiscal Elías Martínez. En este mismo sentido, el gremio de periodistas y
gráficos solicitarán una audiencia con el Fiscal Superior, Roberto Acosta, para
solicitar una medida de protección para estos profesionales.
Amira
Muci, secretaria del CNP Aragua, respaldada por dirigentes del CRGV, explicó
que “son nuestros deberes como instituciones gremiales, velar por los derechos
de periodistas y gráficos, procurar que su condición de seres humanos,
ciudadanos y trabajadores de la prensa sea respetada, y que ejerzan su derecho
a informar sin violencia, consagrado en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos”.
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No es la primera denuncia que la Fiscalía conoce de agresiones a trabajadores
de la prensa, pero sí la primera que se registra en Aragua en estos términos,
al menos en los últimos 25 años, enfatizó la representante de los periodistas
en la región aragüeña.
Explicó
que en este caso en particular, existe una violación a la dignidad y los
derechos de la mujer, contemplados en la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de
Belem Do Para” y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
-Estas
convenciones señalan específicamente que “los Estados deben velar porque sus
funcionarios y agentes se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia
contra la mujer así como actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar estos hechos.”
En
la mayoría de los casos sobre agresiones a trabajares de la comunicación social
en el país, no se ha hecho justicia y las investigaciones duermen en gavetas,
carpetas y archivos. La impunidad ha sido la constante. “Pretendemos que en
este caso la historia no se repita y al final la eficiencia procesal permita
que las investigaciones arrojen resultados y que los responsables de conductas
inapropiadas, capaces de vulnerar los Derechos Humanos, sean castigados”.
Recordó
Amira Muci que el derecho a la libertad de expresión incluye como elemento fundamental
el “no ser molestado a causa de sus opiniones”. Esto implica directamente que
cualquier ataque o intimidación a los periodistas en razón de las
comunicaciones que realizan constituye una violación a este derecho.
“La
condición de representantes de la prensa lejos de ser aval para lograr un trato
considerado y colaborativo por parte de funcionarios del Estado, se convirtió
en una sentencia para el atropello, evidenciando un ensañamiento contra la
labor de los comunicadores sociales, que obliga a cualquier instancia
protectora y garante de los Derechos Humanos a accionar sus alertas”.
