Ante la situación presentada en la Empresa de Propiedad Social “Paula Correa”, ubicada en el municipio Revenga, estado Aragua, en la cual se señala a un presunto equipo reporteril de Globovisión, como el responsable de hechos violentos, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, considera que los organismos competentes deben exigir pruebas, adelantar las investigaciones necesarias y determinar las responsabilidades del caso.
Sobre este asunto, destacó la secretaria general del ente gremial, Amira Muci, es necesario que las instancias competentes tomen en cuenta las distintas opiniones y versiones surgidas en torno al hecho y cotejarlas con las pruebas, sin que prive ningún matiz político, con el único propósito de que la verdad prevalezca.
“Responsablemente también hay que decir que cuando los comunicadores sociales salen a la calle, el propósito que los guía es cumplir con la labor de informar, investigar, indagar para demostrar la realidad de los hechos. Lamentablemente en los últimos años desde el gobierno nacional y regional se imponen limitantes en el acceso a la información pública y se sataniza el ejercicio de la profesión periodística”.
Recordó la dirigente gremial los numerosos casos en los cuales se ha atropellado a periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos y se les ha impedido el acceso a la fuente informativa, entre ellas el Hospital Central de Maracay, los sucesos de El Limón en febrero de este año durante el desarrollo del proceso eleccionario de las Primarias y las actitudes públicas asumidas por autoridades o voceros del gobierno regional. “Ante preguntas incómodas pretenden ridiculizar, vilipendiar y ofender al periodista que las formula”.
Reiteró Amira Muci que “en estos momentos se impone la sensatez y un compromiso colectivo contra la violencia y la intolerancia política, más aún cuando se avecina un proceso electoral en el que todos los actores están en la obligación de respetar el trabajo de los comunicadores sociales, independientemente del medio para el cual laboran”.
Sobre este asunto, destacó la secretaria general del ente gremial, Amira Muci, es necesario que las instancias competentes tomen en cuenta las distintas opiniones y versiones surgidas en torno al hecho y cotejarlas con las pruebas, sin que prive ningún matiz político, con el único propósito de que la verdad prevalezca.
“Responsablemente también hay que decir que cuando los comunicadores sociales salen a la calle, el propósito que los guía es cumplir con la labor de informar, investigar, indagar para demostrar la realidad de los hechos. Lamentablemente en los últimos años desde el gobierno nacional y regional se imponen limitantes en el acceso a la información pública y se sataniza el ejercicio de la profesión periodística”.
Recordó la dirigente gremial los numerosos casos en los cuales se ha atropellado a periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos y se les ha impedido el acceso a la fuente informativa, entre ellas el Hospital Central de Maracay, los sucesos de El Limón en febrero de este año durante el desarrollo del proceso eleccionario de las Primarias y las actitudes públicas asumidas por autoridades o voceros del gobierno regional. “Ante preguntas incómodas pretenden ridiculizar, vilipendiar y ofender al periodista que las formula”.
Reiteró Amira Muci que “en estos momentos se impone la sensatez y un compromiso colectivo contra la violencia y la intolerancia política, más aún cuando se avecina un proceso electoral en el que todos los actores están en la obligación de respetar el trabajo de los comunicadores sociales, independientemente del medio para el cual laboran”.
